Participación en la Sesión No.95 de la Comisión de Justicia de la Asamblea nacional. 21 marzo 2022

César Paz-y-Miño. Médico Especialista en Genética. Doctor en Biología. Master en Biología de las Enfermedades Infecciosas. Fundador y Ex-Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana. Miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Docente e Investigador en Genética. CI:1704345097. E-Mail: genetica_medica@cesarpazymino.com

Muchas gracias por invitarme a participar en la Comisión de Justicia y escuchar mis puntos de vista sobre el Veto parcial Presidencial a la propuesta de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación.

Como experto he acudido en tres ocasiones a la invitación de la Asamblea, y lo hago con gusto, tanto en la Asamblea anterior como en la actual.

Como ciudadano, soy defensor del aborto libre y sin plazos. Apoyo en último caso, porque hay evidencias científicas, que el plazo de interrupción del embarazo debería ser de las 12 semanas y 18 semanas según consta en la propuesta original de ley antes del veto, y que es la que debería prevalecer en la nueva discusión y voto de la Asamblea.

Como profesional de 40 años he visto y evaluado a pacientes de 9, 13, 15, 17 y mayores de edad, con embarazos producto de violaciones, y he constatado tragedias asociadas a la revictimización de las mujeres violadas: Suicidios, expulsión de hogares y familias, discriminación social, enfermedades infecciosas contagiadas en la violación, problemas malformativos y genéticos asociados a embarazos no deseados y fruto de padres violadores del entorno familiar, lo que aumenta la carga genética perniciosa, como lo explicaré más adelante.

Me llama la atención que pese a las varias intervenciones de expertos en las Asambleas, algunos de los Asambleístas no quieren creer en la ciencia, y no creen en las explicaciones científicas, ni en los datos de Salud Pública, que se han venido manejando en relación a la necesidad de tener una ley amplia, que contemple la posibilidad de aborto sin causales. He defendido como genetista la posibilidad de abortar tras un embarazo con problemas genéticos y malformativos. Repito, los asambleístas no quieren atender a los conocimientos científicos y postulan sus posiciones personales.

El Veto Presidencia, y coincido con varios invitados a esta Comisión, es el traslado de las opiniones personales y creencias hacia la sociedad, irrespetando a los ciudadanos, al Estado Laico e inobservando, según los juristas, la disposición de la Corte Constitucional, pese a que se argumente lo contrario.

Entrando en materia, el Veto Presidencial no es parcial, es un cambio total a la propuesta de Ley hecha por ustedes los Asambleístas, es un cambio de todo su trabajo, es un desconocimiento a toda su labor, al uso de su tiempo, con el que lograron conformar un cuerpo legal muy bien estructurado, oportuno y en defensa del derecho de las mujeres.

La propuesta de ley, tras el veto, se convierte en una nueva propuesta legal, con sutiles amenazas y punitiva para las mujeres violadas, lo que ahuyentará a las mujeres a encaminarse por el derecho a abortar. Contraviene derechos y es una propuesta que escapa al espíritu de preservar y aumentar derechos. El veto y la nueva propuesta es un retroceso en derechos, lo cual es inadmisible e inaceptable.

En el tema de mi experticia como genetista debo manifestar que:

Se conoce que en el Ecuador se registran 11 violaciones diarias; eso las que son denunciadas. Se han clasificado 1.352 violaciones de las casi 14 mil reportadas. Solo de las clasificadas, 0,41% produjeron la muerte de la mujer, 5,4 por ciento el agresor fue ascendiente o descendente hasta cuarto grado de consanguinidad, 4,8 por ciento fueron sus tutores legales y del ambiente íntimo de la víctima (ministro de culto, educador, personal de salud).

En el 18% de casos, las víctimas de violación son menores de 10 años, 0,8% la víctima permanece bajo el cuidado del agresor, 1% de víctimas contrajeron una enfermedad grave o mortal, 3% sufren una lesión física o psíquica permanente. Pese a estos datos el 67% permanecen sin clasificación real, por lo que otras cifras disponibles, quizá más precisas, dan cuenta de la real magnitud del problema.

En el Ecuador hay 51.763 embarazos; se calcula que el 50% son entre los 15 a 18 años y 20.052 son en menores de 14 años 60% de éstos son por violaciones que comenten personas cercanas a la víctima, justamente familiares, 37 por ciento por padres. Se registran 2.115 madres niñas y adolescentes entre 10 a 14 años en el Ecuador, es decir, desde el punto de vista legal, todos estos embarazos son producto de violación, quedando en la impunidad entre el 60 al 90% de los casos

El 27% de violaciones estarían asociadas a infecciones que producen malformaciones como la rubeola, citomegalovirus, herpes, Zika, Chikungunya, sífilis, HIV, papilomavirus, Hepatitis B – C, Síndrome de Alcoholismo Fetal. Últimamente se estudia la posibilidad de transmisión de genes de violencia que portaría el violador.

Se contabilizan violaciones incestuosas de padre a hijas, abuelos a nietas, hermanos a hermanas, tíos a sobrinas, primos a primas. La problemática central en estos casos es la llamada consanguinidad, es decir el porcentaje de genes que se comparte tras un embarazo tan cercano en el parentesco.

Desde el punto de vista de cruces genéticos entre parientes cercanos, como es el caso de la mayoría de violaciones, el cruce entre un padre y su hija, o entre hermanos, duplicará el riesgo de que se unan genes alterados y provoquen problemas malformativos de leves a graves y enfermedades genéticas. Si esto lo traducimos a porcentaje, significaría que se aumentó en 25% más el riesgo. Adicionalmente, cualquier pareja tiene un riesgo de padecer un problema genético o malformativo de 2%. Un cruce consanguíneo incestuoso produce un riesgo total de 27% de problemas genéticos. Los cruces entre primos incrementan el riesgo en 1,6% que sumado al riesgo normal sube al 3,6%.

La interrupción del embarazo es un derecho que se fundamenta en datos científico y técnicos, no es solo una visión diferente, es una necesidad, involucra una problemática de salud amplia y cada vez en crecimiento, es un problema de salud pública. Se suma a esto la desinformación de los adolescentes, la vulnerabilidad de las niñas, el poco acceso a educación sexual y reproductiva, la limitada disposición de anticonceptivos, la visión religiosa y moralista del tema. Desde el punto de vista genético, la violación entraña una problemática, pero más grave es llevar un embarazo con un problema genético. Por tanto, la despenalización del aborto debe extenderse a los problemas genéticos y malformativos, hay que promover el aborto eugenésico seguro, recordando que un aborto inseguro es 34 veces más mortal.

La nueva propuesta de ley basada en el Veto Presidencial, pretende asociar el aborto con infanticidio, lo cual es legal y médicamente incorrecto y por tanto inaceptable. El embrión es embrión y el feto es feto, y no puede ser considerado como infante.

Insisto en esta oportunidad, sobre el estatus del embrión y de su cerebro, que es lo que más preocupa en el apoyar o no al aborto. La ciencia puede dar la respuesta clara. Así como se declara a una persona muerta cuando no tiene actividad cerebral, un embrión no tiene actividad cerebral hasta entrada el segundo trimestre de embarazo, por tanto no tiene capacidad de sentir, ni siquiera de tener movimientos controlados. Las conexiones neuronales se conformarán a finales del segundo trimestre y el tercero. Incluso el cerebro ya conformado al nacimiento, sin estímulos adecuados será un cerebro ineficiente. Por esto, no se puede asociar un embrión y un feto con una persona; un embrión y un feto son eso: embrión y feto, por tanto el estatus que le corresponde es de embrión y feto, no infante.

Tengo que también referirme a la objeción de conciencia. Si bien este es un derecho individual, no puede existir objeción de conciencia institucional o gremial. Esto atentaría contra el derecho mismo de la salud y privilegiaría prácticas clandestinas y privadas con costos inalcanzables para las mujeres comunes de la población. La propuesta de ustedes los Asambleítas, es clara al contemplar la objeción de conciencia, pero propone de manera justa y real que las instituciones deben contar con personal de salud no objetor. El objetor no puede atentar contra derechos básico, y la salud es uno de ellos. Imagínense objetores de conciencia del Covid, la hecatombe social que producirían.

El Ecuador necesita una ley sobre el aborto, y quizá por intermedio la Asamblea, y al ratificarse en su proyecto de Ley, y no allanarse al Veto Presidencias, o en el peor escenario, dejar que se apruebe por Ministerio de la Ley, la propuesta absurda del Presidente de la República, sería un agravio a las mujeres y los ciudadanos. La ley propuesta está bien estructura, Asambleístas, ratifíquense en esta propuesta, y no dejen pasar esta oportunidad histórica de defender los derechos de las mujeres.